Entre todas las prioridades de la estrategia de la Unión Europea 2024 -2029, las de “defender los valores europeos en el seno de la Unión” y “estar a la altura de nuestros valores a escala mundial”, son aquellas que, en definitiva, mejor pueden amparar las libertades filantrópicas que se han defendido desde Philea, la asociación representativa del sector fundacional europeo: potenciar la filantropía; facilitar la filantropía transfronteriza; involucrar a la filantropía; y asociarse con la filantropía para el bien común.

El desafío, una vez más, estará en concretar y hacer tangibles esos objetivos y esos valores, en acciones, decisiones e iniciativas de las instituciones europeas que permitan a las fundaciones el pleno desarrollo de sus actuaciones en toda Europa y estimulen la ampliación de su espacio de acción en todos los Estados miembro. En un período en el que se prevé un equilibrio complejo, con los sectores filantrópicos de algunos Estados bajo verdadera presión y con la vuelta a la disciplina fiscal.

En el pasado período, el Plan de Acción de la Economía Social ha sido uno de los principales ganchos para amparar las reivindicaciones del sector, por lo que su desarrollo en cada Estado miembro se presenta como una de las principales oportunidades y desafíos. También es de esperar que el Estatuto para la asociación europea transfronteriza, instrumento que podrán utilizar las fundaciones para el desarrollo de proyectos comunes, acabe de salir adelante, y sea un buen precedente para retomar el análisis de viabilidad de algún instrumento europeo – por determinar – para las fundaciones.

El mayor valor del sector y la mejor oportunidad desde las instituciones para hacer crecer la filantropía se encuentra, entre otras, en esa reivindicación de las fundaciones en el Manifiesto por la Filantropía Europea de “asociarse con la filantropía para el bien común”.

Prioridades como hacer de la investigación y de la innovación una clave de nuestra economía, acelerar la transición ecológica, verde y social, subsanar las brechas en capacidades y mano de obra, y trabajar en pro de una economía más circular y resiliente, son sólo algunos de los ámbitos en los que esa asociación o colaboración es posible y necesaria.

Pero incluso, en el ámbito de la mejora de la competitividad, muchos de los objetivos que se fijan para las pymes, y las fundaciones lo son, serían muy bienvenidos. Entre ellos reducir la carga administrativa y las obligaciones de información al menos un 25 % o un 35 % o simplificar y codificar la legislación con el objetivo de eliminar cualquier solapamiento o contradicción, manteniendo al mismo tiempo normas estrictas. Si la simplificación de la regulación administrativa fundacional viene de Europa, será igual de bienvenida.

A partir de 2025, al desarrollo de todas estas prioridades tendremos que atender las fundaciones para seguir defendiendo nuestro espacio y nuestra contribución a los intereses generales europeos y nacionales.