La Comisión Europea emitió el 13 de junio una propuesta de recomendación al Consejo con medidas concretas para apoyar la economía social. En diciembre de 2021, la Comisión presentó el Plan de Acción para la Economía Social para ayudar al desarrollo de la economía social y aprovechar plenamente su potencial. La nueva propuesta de Recomendación del Consejo fue una de las acciones anunciadas en el Plan.

En Europa existen 2,8 millones de entidades de la economía social, donde un total de 13,6 millones de personas trabajan para afrontar los principales desafíos de nuestras sociedades. Abarcan una amplia gama de sectores, desde los servicios sociales y asistenciales hasta la vivienda, el ocio y la energía asequible, e incluyen cooperativas, mutualidades, asociaciones sin ánimo de lucro, fundaciones y empresas sociales. La propuesta tiene por objeto crear condiciones favorables para que las organizaciones de la economía social prosperen y crezcan, y sensibilizar sobre su potencial, en particular en lo que respecta a la creación de puestos de trabajo de calidad, el apoyo a la innovación y la inclusión social.

A partir de esta propuesta, los Estados miembro debatirán la propuesta de la Comisión con vistas a su adopción por el Consejo prevista durante el semestre de la presidencia española de la Unión Europea. Una vez adoptada, la propuesta invita a los Estados miembros a adoptar o actualizar sus estrategias de economía social en un plazo de dieciocho meses. La Comisión supervisará la puesta en práctica de las estrategias mediante consultas periódicas con los Estados miembro a través del Comité de Empleo y el Comité de Protección Social.

Además, como se recoge en el programa de trabajo de la Comisión, ésta propondrá a finales de este año una iniciativa sobre las entidades de utilidad pública para que puedan beneficiarse plenamente del mercado único.

Por otra parte, la Comisión publicó también, junto con la propuesta de recomendación al Consejo, dos documentos de trabajo uno para mejorar la comprensión de las normas fiscales correspondientes a las entidades de la economía social y otro relativo a las donaciones transfronterizas para iniciativas de utilidad pública.

En concreto, este último documento, aunque no deja de ser un mero documento de trabajo de la Comisión, reconoce la incompatibilidad con el Derecho Comunitario de los supuestos en los que un Estado miembro deje de aplicar un incentivo fiscal al mecenazgo a un ciudadano comunitario por el mero hecho de que la donación se haya realizado a una entidad beneficiaria que no tiene presencia en dicho Estado.  En este sentido, la propia Comisión legitima tanto a los ciudadanos como a las propias organizaciones a acudir a los tribunales - o a la propia Comisión - para que, en los casos en los que se produzca dicha discriminación respecto de la aplicación de los incentivos fiscales al mecenazgo por parte de un Estado miembro, lo trasladen e inicien los procesos oportunos para que cese.

PHILEA, organización supranacional de la que forma parte la Asociación Española de Fundaciones, celebra este compromiso de la Comisión por impulsar un régimen fiscal común para la filantropía en todos los Estados miembros y por la voluntad de ampliar el espacio comunitario para la economía social. Además, PHILEA se congratula al comprobar que distintos argumentos incluidos en su "Manifiesto de la Filantropía: por una Europa mejor" se recogen en los anteriores documentos.