Riesgos inherentes a la financiación del terrorismo a través de entidades sin ánimo de lucro

El fenómeno del terrorismo continúa representando una amenaza crítica tanto a nivel nacional como internacional. La constante evolución del sistema financiero global y la proliferación de nuevas tecnologías están generando vías inéditas y más sofisticadas para la canalización y financiación de actividades terroristas.

En lo que respecta al sector de las organizaciones sin fines lucrativos (OSFL), si bien no se han identificado casos documentados de constitución de una entidad sin ánimo de lucro con el propósito inicial y deliberado de servir como instrumento de financiación terrorista, sí se han detectado indicios sobre el uso abusivo de determinadas entidades con el objetivo de desviar fondos hacia fines vinculados a actividades terroristas. Dicho abuso se produce mediante el aprovechamiento de la estructura legal, la reputación pública y el acceso a financiación externa que caracterizan a las OSFL.

Como resultado, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, adscrita a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa (Ministerio de Economía, Comercio y Empresa) ha publicado el análisis sectorial de riesgos de financiación del terrorismo a través de las organizaciones sin fines de lucro que está disponible en este enlace.En el marco de sus competencias como órgano colegiado encargado del impulso, la coordinación y la supervisión de las políticas nacionales en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT), la Comisión ha elaborado un informe específico centrado en el análisis sectorial de riesgos aplicables a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) operativas en España. Este informe tiene por objeto principal identificar, evaluar y comprender las amenazas, vulnerabilidades y factores de riesgo asociados al posible uso indebido de las OSFL como vehículo para canalizar fondos con fines terroristas.El análisis ha sido llevado a cabo de forma colaborativa y multidisciplinar, contando con la participación de actores institucionales relevantes tanto del sector público —en sus niveles estatal y autonómico— como del sector privado. Entre las entidades colaboradoras se incluyen además del Protectorado, las principales entidades representativas del tercer sector, entre ellas la Asociación Española de Fundaciones (AEF).Para la elaboración del informe se han utilizado datos procedentes de las Administraciones Públicas —en particular, registros y comunicaciones de los protectorados—, así como de las organizaciones del propio sector. Esta recopilación de información ha permitido a la Comisión realizar un mapeo de riesgos que diferencia los niveles de exposición en función del ámbito territorial, la naturaleza de las actividades desarrolladas, el perfil de beneficiarios, el grado de internacionalización y la capacidad de control interno de cada OSFL.Del mencionado análisis, podemos extraer los elementos comunes en la financiación del terrorismo, al afirmar que el riesgo puede definirse como la capacidad de una amenaza para explotar una vulnerabilidad, produciendo como resultado consecuencias negativas. El riesgo de financiación del terrorismo entraña el riesgo de que se recauden, muevan, almacenen o utilicen fondos u otros activos destinados a un terrorista o a una organización terrorista, en una jurisdicción o a través de ella, en forma de fondos u otros activos legítimos o ilegítimos.Dado que la responsabilidad no solo recae sobre los gestores, sino también sobre patronatos y protectorados, llamados a garantizar el cumplimiento normativo y la debida diligencia, podemos concluir que las fundaciones deben reforzar sus controles internos, trazabilidad de fondos, rendición de cuentas y transparencia, además de implementar medidas proactivas de formación y cooperación interinstitucional. Este análisis se alinea con las recientes revisiones normativas europeas y refuerza la idea de que la legalidad y la transparencia son pilares esenciales para proteger la integridad del sector social y filantrópico en España. El análisis deberá servir de fundamento para el desarrollo de políticas y medidas adecuadas y proporcionadas por parte de los reguladores para proteger al sector OSFL frente a su utilización como vehículo para financiar el terrorismo, con un enfoque basado en el riesgo y sin desincentivar indebidamente al acceso legítimo de las OSFL a los servicios financieros.En esta línea, la AEF está organizando una serie de cuatro sesiones formativas, en formato on – line, dirigida a las fundaciones con el objetivo de profundizar en aspectos clave de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. La primera sesión tuvo lugar el martes 29 de abril y se celebrarán de forma secuencial hasta el 24 de junio. Todas las sesiones serán impartidas por expertos, como Andrés Morales, que cuenta con una dilatada experiencia en estas áreas. Se puede acceder al programa completo y el formulario de inscripción a través de este enlace.