Ayer, 27 de febrero, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se publicó el Resolución de 6 de febrero de 2023, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan de Control Tributario y Aduanero de 2023, en el que se incluye, como en ocasiones anteriores, una mención expresa a las fundaciones. En su apartado B.1 Devoluciones y beneficios fiscales se establece que:

“Se continuarán las actuaciones de comprobación de las solicitudes de devolución, iniciándose actuaciones inspectoras cuando, por la cuantía o tipología de estas devoluciones, sea conveniente la realización de las mismas.Igualmente, se procederá a la intensificación de las actuaciones de control tendentes a comprobar el adecuado cumplimiento de los requisitos específicos previstos para la correcta aplicación del régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos, en particular cuando desarrollen actividades económicas (tanto en lo referente al IVA, en caso de que realicen entregas de bienes y prestaciones de servicios mediante contraprestación, como al Impuesto sobre Sociedades por la obtención de beneficios de las operaciones de esta naturaleza).Se prestará especial atención a la investigación de bienes que aparecen ocultos en cuanto a su titularidad real dentro de la información relacionada con las actividades propias de las fundaciones. En este marco, se prestará especial atención a la información que pueda ser remitida por las entidades públicas que ejerzan funciones de protectorado sobre las citadas entidades.El Impuesto sobre Sociedades prevé la aplicación de deducciones fiscales al objeto de incentivar la realización de determinadas actividades. La Agencia Tributaria velará por que la aplicación de estas deducciones esté ligada al desarrollo de actividades reales dirigidas a tales fines, así como por que los importes que se hayan aplicado como bases de la deducción se correspondan con los gastos efectivamente incurridos en su ejecución, evitando el abuso en el posible traslado de beneficios fiscales a los financiadores de las actividades que se fomentan.”

Hoy, 28 de febrero, vence el plazo para presentar el modelo 347 ante la Agencia Tributaria. En esta declaración informativa se han de incluir todas aquellas relaciones con terceros que superen los 3.005,06 Euros anuales. La presentación ha de realizarse, necesariamente, de forma telemática a través de este enlace.

Tienen obligación de presentar el modelo 347 todas aquellas personas físicas o jurídicas, entre ellas las fundaciones, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (entidades en atribución de rentas), que desarrollen actividades empresariales o profesionales con terceras personas por importe superior, con cada una de ellas, a 3.005,06 euros durante el año natural, computando de forma separada las entregas y las adquisiciones de bienes y servicios.

Una de las dudas que se suscita en relación a este modelo es la de si deben incluirse en el mismo los ingresos procedentes de convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general que la fundación haya recibido para la consecución de sus fines de interés general o para un determinado proyecto en cumplimiento de dichos fines.

De acuerdo con el criterio de la Dirección General de Tributos, la fundación deberá incluir las cantidades provenientes de convenios de colaboración, salvo que el convenio de colaboración financie o se otorgue en el marco de una actividad exenta de IVA. Por ejemplo, si la actividad financiada por el convenio es una actividad educativa recogida en el artículo 20.uno.9 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido no se incluiría en el modelo 347.

En la guía disponible en Abc Fundaciones puede encontrarse más información acerca de qué supuestos están excluidos del deber de información y otras cuestiones prácticas.

El pasado 24 de diciembre de 2022 se publicó en el BOE la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, en la que se incluyen las siguientes disposiciones respecto a las fundaciones del sector público en general y del sector público estatal. Como algunas de las principales novedades, podemos citar las siguientes:

La contratación de personal de las fundaciones del sector público habrá de realizarse con carácter indefinido, con las limitaciones y requisitos establecidos en la propia Ley;En cuanto a la contratación temporal, únicamente será posible en los supuestos y con arreglo a las modalidades previstas por el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, en su redacción dada por Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre,así como en el resto de normativa aplicable.Respecto del procedimiento para la contratación de personal por las fundaciones del sector público estatal, se requerirá autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública, previo informe de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos sobre el impacto presupuestarioAsimismo, se incluyen novedades respecto de la tasa de reposición en las fundaciones del sector público y retribuciones de los altos cargos y directivos de las fundaciones del sector público estatal, al tiempo que se indica que el incremento de las retribuciones del personal de las fundaciones del sector público estatal no podrán experimentar un incremento global superior al 2,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2022.

Para más información, pueden consultar el siguiente documento de Actualidad Normativa disponible en Abc fundaciones.

El pasado 21 de febrero se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, que entró en vigor el 22 de febrero.

El nuevo marco normativo centra la ayuda al desarrollo en aspectos como la salud global o las crisis alimentarias, así como persigue fomentar las alianzas entre actores. Asimismo, la nueva Ley de Cooperación da rango legal al compromiso adquirido por España de destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta a Ayuda Oficial al Desarrollo en 2030.

Además, esta Ley servirá como marco para la elaboración de cuatro Reales Decretos que desarrollarán su contenido. Estas disposiciones estarán dedicadas a la reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la normativa de subvenciones, la cooperación financiera y un nuevo Estatuto de las Personas Cooperantes.

En particular, éste último pretende reconocer el papel fundamental de los trabajadores al servicio de la cooperación. Se introducirán mejoras en sus condiciones laborales y se sentarán las bases de una carrera profesional para asegurar la atracción, retención, capacitación y promoción del talento.

Con la reforma de la AECID se persigue reforzar este organismo como piedra angular del sistema y generadora de alianzas. 

En cuanto a la reforma de la cooperación financiera, el objetivo es hacerla más ágil, eficaz y en línea con los modelos de otros Estados europeos y otros organismos multilaterales.  

Y, por último, la reforma de la normativa de subvenciones en materia de cooperación descentralizada incrementa la transparencia de la Cooperación Española, ya que la dotará de nuevos instrumentos para mejorar la evaluación, el seguimiento y la rendición de cuentas, acercando el trabajo de la cooperación a la ciudadanía.

La nueva Ley incluye nuevos instrumentos de coordinación, concertación y colaboración entre actores. En particular, apuesta por reforzar el papel de la cooperación descentralizada. Por un lado, la acción de las Comunidades Autónomas se desarrollará según sus respectivos Estatutos de autonomía y leyes autonómicas. Por otro, se da acceso a las Comunidades Autónomas a participar en programas de cooperación delegada de la Unión Europea, en los términos que establezca la legislación comunitaria y de modo consensuado con el Estado, y de otros organismos multilaterales.