El próximo 1 de diciembre vence el plazo otorgado por Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (Ley 2/2023), para que las entidades, incardinadas el ámbito subjetivo de aplicación de esta Ley, cuenten con un canal de denuncias o canal interno de información.
En su artículo 10, la Ley 2/2023 establece que, entre otros, estarán obligadas a implantar un canal de denuncias las siguientes personas jurídicas privadas:
(i) las que tengan cincuenta, o más, trabajadores;(ii) las que ya contaban con un plan de
compliance;(iii) las fundaciones que fueron creadas por un partido político, un sindicato o una organización patronal.(iv) las que, con independencia de su número de empleados, sean consideradas sujetos obligados bajo la normativa europea de, entre otros ámbitos, la prevención de blanqueo de capitales. Si bien las fundaciones o entidades no lucrativas no se contemplan actualmente en las
partes I.B y II del anexo de la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, hay que tener en cuenta que, en virtud del artículo 39 de la
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo son sujetos parcialmente obligados bajo dicha Ley. De esta forma, surge la duda acerca de si las fundaciones que no cumplen con los requisitos establecidos en los apartados anteriores estarían obligadas, en todo caso, a contar con un canal de denuncias en los términos de la nueva norma.De cualquier forma aquellas fundaciones que ya cuenten con un canal de denuncias deberán adaptarlo a lo dispuesto en esta nueva norma.Un canal de denuncias interno, o canal de información, tiene como objetivo comunicar, en este caso a la fundación, en la persona de su responsable de cumplimiento, los presuntos delitos o infracciones administrativas graves o muy graves que el informante ha identificado en su relación con la fundación. Así, dicho canal, ha de ser un sistema seguro que evite las filtraciones y que proteja a los informantes. La prioridad de estos canales es la protección a las personas que informan, dando, por ello, la opción de que la comunicación sea anónima y, en cualquier caso, tratando la información recibida de forma absolutamente confidencial. El responsable de este canal ha de ser una persona con autonomía y capacidad de decisión en la organización, siendo el último responsable legal, en el caso de las fundaciones, el patronato.Además de la implantación del canal, la fundación deberá desarrollar acciones paralelas como, por ejemplo, divulgar la existencia del canal y formación para que los trabajadores, proveedores y beneficiarios sepan utilizarlo.En
Abc Fundaciones está disponible un
resumen de la Ley 2/2023. Además, las fundaciones asociadas a la
Asociación Española de Fundaciones (AEF) pueden plantear sus consultas concretas al servicio de asesoría jurídica de la AEF.
