Demos celebra en 2026 su décima edición como el gran punto de encuentro del sector fundacional en España. Los días 30 de septiembre y 1 de octubre, Barcelona acogerá esta nueva edición que reunirá a fundaciones, profesionales y expertos de distintos ámbitos bajo el lema «Vulnerabilidades y filantropía: las fundaciones como respuesta».

Una edición especial que pondrá el foco en el papel de las fundaciones ante los nuevos retos sociales y que permitirá reflexionar sobre el presente y futuro del sector fundacional.

La décima edición se desarrollará en dos espacios de referencia de Barcelona, que acogerán las distintas actividades programadas a lo largo de las dos jornadas.

El miércoles 30 de septiembre, el encuentro comenzará en el Auditorio ONCE Cataluña (Gran Via de les Corts Catalanes, 400, Barcelona), donde tendrá lugar la recepción y acreditación de los asistentes. El espacio acogerá el acto de bienvenida y el cóctel y desde allí partirán los autobuses para las visitas a fundaciones.

El jueves 1 de octubre, toda la programación de Foro Demos se trasladará a CosmoCaixa Barcelona (Carrer d'Isaac Newton, 26, Barcelona), sede de las ponencias, mesas de diálogo, talleres, espacios de networking y demás actividades previstas durante la jornada.

El Auditorio ONCE Cataluña representa un espacio comprometido con la inclusión, la accesibilidad y la participación social, valores estrechamente ligados al espíritu de Foro Demos. Por su parte, CosmoCaixa Barcelona, uno de los principales referentes de divulgación científica y cultural del país, ofrecerá un entorno idóneo para el intercambio de conocimientos, el debate y la colaboración entre los participantes.

Además, las personas inscritas en Foro Demos 2026 podrán disfrutar de acceso gratuito a todas las exposiciones de CosmoCaixa Barcelona durante la celebración del evento, una oportunidad para completar la experiencia del encuentro con la oferta cultural y científica del museo.

Las inscripciones para participar en Foro Demos 2026 ya están abiertas a través de la página web oficial del encuentro.

La European Community Foundation Initiative (ECFI) ha publicado la guía “Estamos aquí: Las fundaciones comunitarias en la respuesta y recuperación ante emergencias”, una publicación que explora cómo las fundaciones comunitarias de toda Europa contribuyen a fortalecer la resiliencia de sus territorios en situaciones de crisis.

La Asociación Española de Fundaciones (AEF) ha colaborado en esta iniciativa, contribuyendo a hacer posible la versión en español de la publicación y facilitando la conexión con la experiencia del sector fundacional español.

El documento parte de las experiencias vividas tras las graves inundaciones de 2024 en Polonia (valle de Kłodzko), Rumanía (región de Galați) y España (Horta Sud, Valencia), y analiza cómo estas organizaciones actúan en contextos de incertidumbre: movilizando recursos, conectando agentes locales, apoyando al tejido asociativo y acompañando los procesos de recuperación más allá de la emergencia inicial.

La guía destaca que las fundaciones comunitarias tienen un papel singular por su arraigo local. Son organizaciones independientes, vinculadas a un territorio concreto y construidas sobre relaciones de confianza que se desarrollan durante años. Esa presencia constante les permite conocer las necesidades de sus comunidades, identificar dónde es más necesario el apoyo y facilitar que la ayuda llegue de manera eficaz.

Entre los aprendizajes comunes que recoge la publicación se encuentran la importancia de actuar con rapidez incluso cuando la información es incompleta, apoyarse en redes ya existentes, coordinar esfuerzos para evitar duplicidades y adaptar las respuestas a medida que evolucionan las necesidades. Como señala Zuzanna Komornicka de la Fundación Comunitaria Snow Mountain (Polonia): “Como somos de aquí, la gente nos llamaba primero. No porque tuviéramos todas las respuestas, sino porque estábamos allí y nos conocían.”

Uno de los casos analizados es el de la Fundació Comunitaria Horta Sud, cuya respuesta tras la DANA de Valencia muestra cómo una fundación puede contribuir a una emergencia fortaleciendo las capacidades de la propia comunidad. En lugar de asumir la distribución directa de ayuda, la fundación se centró en mantener conectadas y operativas a las organizaciones sociales de la zona, recopilando información de entidades de más de 20 municipios y canalizando recursos hacia quienes mejor podían utilizarlos.
Como resultado, Horta Sud puso en marcha una campaña de captación de fondos que permitió recaudar más de 3 millones de euros para apoyar a las organizaciones afectadas y reforzar el tejido asociativo local durante la fase de recuperación.

“Nuestra prioridad era garantizar que las organizaciones de la sociedad civil pudieran seguir funcionando, incluso en condiciones muy difíciles”, explica Julio Huerta Balastegui, de la Fundació Comunitaria Horta Sud.

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La creciente dependencia de herramientas digitales y la exposición a riesgos tecnológicos obligan a las fundaciones a incorporar la ciberseguridad y la continuidad de actividad entre sus prioridades de gestión. Incidentes como ciberataques, fallos tecnológicos o la indisponibilidad de instalaciones pueden comprometer la prestación de servicios esenciales y afectar a beneficiarios, donantes y otros grupos de interés.

Con el objetivo de abordar estos desafíos, la Asociación Española de Fundaciones celebrará el próximo 22 de septiembre el seminario web «Continuidad de la Actividad y Ciberseguridad en Fundaciones», centrado en ofrecer una visión práctica sobre la implantación de planes de continuidad de actividad y el fortalecimiento de las medidas de ciberseguridad en las entidades del tercer sector, contando con ponentes expertos y especializados en la materia.

Durante la jornada se analizarán los principales riesgos organizativos y tecnológicos a los que se enfrentan las fundaciones, así como las medidas preventivas y las buenas prácticas que permiten garantizar la continuidad de los servicios esenciales. Estas cuestiones tienen una relevancia creciente desde la perspectiva del cumplimiento normativo, la protección de datos personales y la adecuada gestión de riesgos por parte de los órganos de gobierno.

El programa incluirá una sesión específica sobre planes de continuidad de actividad y otra dedicada a ciberseguridad, ofreciendo herramientas prácticas adaptadas a la realidad de las fundaciones.

A través de este enlace, podrá consultar el programa del curso que nos trae causa, y a través de este otro enlace, inscribirse al mismo.

Las fundaciones acogidas al régimen fiscal especial de la Ley 49/2002 pueden recibir donaciones en especie con derecho a los incentivos fiscales al mecenazgo, siempre que la aportación sea irrevocable, pura y simple, y se realice a favor de una entidad beneficiaria del mecenazgo. Estas donaciones reciben, en términos generales, el mismo tratamiento que las donaciones dinerarias.

La principal singularidad de las donaciones en especie radica en su valoración fiscal. La base de la deducción se determina, con carácter general, por el valor contable que el bien o derecho tuviera en el patrimonio del donante en el momento de la transmisión y, en su defecto, por las reglas del Impuesto sobre el Patrimonio, sin que pueda superarse el valor normal de mercado. Por ello, resulta esencial que la fundación obtenga del donante la valoración y la documentación justificativa correspondiente, evitando fijar unilateralmente una valoración, desatendiendo la regla previamente mencionada.

Desde el punto de vista documental, la fundación no debe emitir factura por la recepción de una donación en especie. El documento relevante es el certificado de donación previsto en la Ley 49/2002, que debe incluir, entre otros extremos, la identificación de las partes, la acreditación de la entrega del bien, su destino a los fines de la entidad y el carácter irrevocable de la donación.

Además, las entidades beneficiarias deben informar a la Agencia Tributaria de las certificaciones emitidas mediante el modelo 182. En el caso de las donaciones en especie, la declaración debe incorporar la valoración del bien o derecho donado junto con los datos identificativos del donante.

En materia de IVA, las entregas gratuitas de bienes por empresarios o profesionales pueden constituir supuestos de autoconsumo. No obstante, la normativa prevé reglas favorables para las donaciones de bienes destinadas a entidades sin fines lucrativos acogidas a la Ley 49/2002, que sean destinadas a fines de interés general, incluyendo la presunción de deterioro total de los bienes y la aplicación del tipo del 0 % en determinados casos, con base en los artículos 79.tres y 91.Cuatro de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

El BOE de 16 de julio de 2026 ha publicado el Real Decreto 592/2026, de 15 de julio, por el que se regula el régimen jurídico de las entidades del Tercer Sector de Acción Social colaboradoras con la Administración General del Estado. La norma desarrolla el mandato previsto en la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, que ya contemplaba el reconocimiento de estas entidades como colaboradoras de la Administración General del Estado dentro de las medidas de fomento del sector. Su objeto es establecer el procedimiento para obtener dicho reconocimiento, así como los derechos, obligaciones y régimen de supervisión, pérdida y revocación asociados a esta condición.

El real decreto se aplica a las entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal, entendidas como aquellas que actúan en más de una comunidad autónoma o ciudad autónoma, conforme a la Ley 43/2015. Entre los requisitos para acceder al reconocimiento se incluyen, el desarrollo de actividades de interés general, una antigüedad mínima de cinco años, la no retribución de los miembros de los órganos de representación con cargo a fondos y subvenciones públicas, disponer de estructura y medios suficientes y contar con un sistema de evaluación de la calidad y mejora continua. La norma prevé, además, la creación de una Comisión de Evaluación, integrada por representantes de distintos ministerios, encargada de valorar las solicitudes y verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Las entidades reconocidas podrán actuar como interlocutoras de la Administración General del Estado, informar y auxiliar a la Administración en materias propias de su ámbito de actuación, participar en órganos de consulta y colaboración, y colaborar en el desarrollo y aplicación de planes, programas y medidas de fomento, siempre dentro del marco previsto por la normativa aplicable. Asimismo, el reconocimiento permitirá acceder a medidas orientadas a facilitar la relación con la Administración, como la simplificación documental en procedimientos de subvenciones y ayudas públicas, la posibilidad de suscribir convenios u otros instrumentos específicos de colaboración y el uso de la mención oficial de entidad colaboradora.

Desde una perspectiva práctica, el nuevo régimen resulta especialmente relevante para fundaciones y entidades del Tercer Sector de Acción Social que desarrollen su actividad en el ámbito estatal, ya que ordena jurídicamente su colaboración estable con la Administración General del Estado y refuerza las exigencias de transparencia, buen gobierno, rendición de cuentas y control. Las entidades reconocidas deberán presentar anualmente una memoria de actividades y estarán sujetas a un sistema de supervisión y control, con posibilidad de pérdida o revocación del reconocimiento en caso de incumplimiento.

La entrada en vigor del real decreto se producirá el 2 de enero de 2027.

La Asociación Española de Fundaciones recuerda que las fundaciones cuyo ejercicio económico coincida con el año natural deben cumplir en las próximas semanas dos importantes obligaciones fiscales ante la Agencia Tributaria.

Por un lado, destacar la obligación de presentar el Impuesto sobre Sociedades que afecta, con carácter general, a todas las fundaciones, estén o no acogidas al régimen fiscal especial de la Ley 49/2002. En aquellos casos en que el ejercicio económico no coincida con el año natural, la declaración deberá presentarse dentro de los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores al cierre del ejercicio. La presentación deberá realizarse a través del siguiente enlace. En los demás casos, deberá presentarse la declaración antes del 25 de julio.

Además, el artículo 3.10 de la Ley 49/2002 exige a las entidades acogidas a dicho régimen la elaboración y presentación de una memoria económica ante la Agencia Tributaria. No obstante, las entidades cuyos ingresos anuales no superen los 20.000 euros y que no participen en sociedades mercantiles están exentas de la obligación de presentarla, aunque siguen obligadas a elaborarla y conservarla. Se debe presentar la memoria económica antes del 1 de agosto.

El contenido de la memoria económica se encuentra regulado en el artículo 3 del Real Decreto 1270/2003 y permite a la Administración verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para disfrutar del régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos. Se ha de presentar ante la Agencia Tributaria a través de este enlace, de conformidad con el siguiente modelo que hemos confeccionado.

Finalmente, conviene recordar que ambas obligaciones, en atención de lo dispuesto en la Ley 29/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, deben cumplirse por vía telemática, ya que las fundaciones, como personas jurídicas, están obligadas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.

La Comisión Europea ha lanzado una convocatoria de manifestaciones de interés para seleccionar a las organizaciones que formarán parte de la nueva Civil Society Platform, una iniciativa prevista en la futura Estrategia Europea para la Sociedad Civil y concebida como un mecanismo permanente de diálogo estructurado entre las instituciones europeas y las organizaciones de la sociedad civil.

La Plataforma tendrá como finalidad reforzar la participación de la sociedad civil en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas europeas vinculadas a los valores recogidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, entre ellos la democracia, el Estado de Derecho, la igualdad, los derechos fundamentales y la protección del espacio cívico. Según la Comisión, constituirá un foro estable de consulta e intercambio en el que las organizaciones participantes podrán formular propuestas y trasladar los principales retos que afectan al sector.

La convocatoria está dirigida a organizaciones independientes y sin ánimo de lucro con experiencia acreditada en la promoción y defensa de estos valores y con actividad en varios Estados miembros o países candidatos a la adhesión. La Comisión prevé seleccionar hasta 30 organizaciones para un mandato de tres años.

La iniciativa ha sido difundida también por Philea (Philanthropy Europe Association), de la que es miembro la Asociación Española de Fundaciones (AEF), que ha destacado la oportunidad que representa para que las organizaciones de la sociedad civil y el sector fundacional participen de forma más directa en el desarrollo de las políticas europeas y en el seguimiento de la futura Estrategia Europea para la Sociedad Civil.

Las entidades interesadas podrán presentar su candidatura hasta el 3 de agosto de 2026.

Para más información, podrás acceder al siguiente enlace