El informe España en Desventaja:el impacto de no activar las medidas excepcionales en plaguicidas, elaborado por Fundación Ingenio (FI) y SOS Rural advierte de las consecuencias que está teniendo la no aplicación de medidas excepcionales en materia de fitosanitarios ante la actual plaga de pulgones. Según el documento, esta situación afecta ya a más de 6.000 hectáreas del Campo de Cartagena, así como a zonas de la Comunidad Valenciana y el Levante almeriense.
El análisis señala que esta plaga agrava la situación económica de numerosos agricultores, que en algunos casos se ven obligados a desechar sus productos por la falta de soluciones eficaces, lo que repercute directamente en su rentabilidad y competitividad frente a otros países europeos.
Necesidad de activar medidas excepcionales
En este contexto, el informe subraya la importancia de aplicar el artículo 53 del Reglamento (CE) nº 1107/2009, que permite autorizar de forma temporal —hasta un máximo de 120 días— la comercialización y el uso de productos fitosanitarios no autorizados en situaciones de emergencia que no puedan controlarse por otros medios razonables.
Según recoge el análisis, otros países como Francia o Italia sí están recurriendo a este mecanismo en circunstancias similares. Asimismo, se menciona la solicitud realizada por la Consejería de Agricultura de la Región de Murcia para autorizar el uso de formulados a base de spirotetramat al 10%, que no fue aprobada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Marco europeo y limitaciones regulatorias
El informe sitúa esta problemática en el contexto de la estrategia europea “De la granja a la mesa”, integrada en el Pacto Verde Europeo, que establece objetivos como la reducción del 50% del uso de plaguicidas químicos, del 20% de fertilizantes y del 50% de antimicrobianos en ganadería para 2030.
Según las entidades firmantes, estas políticas están reduciendo las herramientas disponibles para el control de plagas y enfermedades sin considerar plenamente sus posibles implicaciones en la producción agrícola.
En este contexto, Fundación Ingenio y SOS Rural han remitido sendas cartas conjuntas a Christophe Hansen, comisario europeo de Agricultura y Alimentación, y a Olivér Várhelyi, comisario europeo de Salud y Bienestar Animal, en las que solicitan una reunión para abordar la actual política fitosanitaria de la Unión Europea.
Doble presión competitiva
El documento también señala una posible falta de coherencia entre las exigencias impuestas a los productores europeos y los acuerdos comerciales con terceros países, como los del Mercosur, donde se permite el uso de determinadas materias activas no autorizadas en la Unión Europea, siempre que se respeten los límites máximos de residuos en frontera.
En este sentido, se apunta a la limitada intensidad de los controles en aduanas sobre productos importados, estimada en un 0,0082% del total, lo que plantea dudas sobre la eficacia del sistema de verificación y el mantenimiento de condiciones de competencia equilibradas.
Impacto en la comercialización y costes
Entre los efectos identificados, el informe destaca el impacto directo en la comercialización de los productos agrícolas, ya que la presencia de insectos puede provocar su rechazo en los canales de distribución. Esta situación incrementa las pérdidas económicas y obliga a intensificar la frecuencia de los tratamientos, con el consiguiente aumento de costes energéticos y operativos.
Un escenario estructural a medio plazo
Finalmente, el informe advierte de que la actual crisis del pulgón podría no ser un episodio puntual, sino el inicio de un escenario con menor disponibilidad de materias activas, menor eficacia y un aumento de resistencias debido a la limitada rotación en los modos de acción.
Ante ello, las entidades firmantes subrayan la necesidad de garantizar la viabilidad del sistema productivo y reforzar la coherencia en la aplicación del marco regulatorio europeo.